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LOS ORÍGENES DEL PENSAMIENTO CONSTITUCIONAL VENEZOLANO,
EN LAS INVESTIGACIONES DE PEDRO GRASES

Asdrúbal Aguiar - Aranguren
Miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras (Cádiz, España)
  “Yo soy y seré perpetuamente acérrimo defensor de los derechos, libertades e independencia de nuestra América, cuya honrosa causa defiendo y defenderé toda mi vida, tanto porque es justa y necesaria para la salvación de sus desgraciados habitantes, como porque interesa además en el día a todo el género humanos” (F. de Miranda, Londres, 1ro de mayo de 1809).

    El maestro Pedro Grases, polígrafo, bibliógrafo, historiador, hombre de letras y también de leyes, formado en su originaria Barcelona, España, con cuyo bagaje intelectual viaja hacia América para hacerlo crecer y darle utilidad duradera con la mirada puesta en las generaciones futuras, no reclama de presentación en Venezuela; tampoco en los países de Iberoamérica que son objeto igual de su curiosidad y el estudio cuidadoso de sus luces. Su nombre se encuentra atado de un modo inescindible a la memoria del país. A él debemos, las generaciones actuales, la documentación escrupulosa y contrastada – suerte de guía de navegación - de la historia de nuestras ideas, sobre todo, las de nuestros padres fundadores. Tanto es así, que Arturo Uslar Pietri dice bien y al respecto que “no se podrá escribir sobre las letras y el pensamiento venezolanos sin mencionar a Grases, sin servirse de Grases, sin seguir a         Grases en toda la asombrosa variedad de sus pesquisas y hallazgos”.

    Su preferencia por el estudio de don Andrés Bello, al que dedica dos (2) de los volúmenes que forman parte de los veintiuno (21) integrantes de su extensa y acuciosa obra escrita que aún no cesa de ser inventariada después de su fallecimiento, en 2005, es elocuente. La Fundación que lleva su nombre, en efecto, edita dos volúmenes más con sus documentos para el estudio de las Obras Completas del primer humanista de América; pero ello no le hace arredrar en su esfuerzo paralelo de consecución, revisión y análisis del patrimonio bibliográfico e intelectual patrio, en lo particular y entre otras líneas de investigación que a propósito se traza – o sobre el mismo puente de su devoción bellista – en cuanto a los orígenes de nuestro pensamiento constitucional. 

    A este último aspecto, a título introductorio o de mero bosquejo, dedicamos las páginas que siguen. Son un homenaje a don Pedro, quien nos honra en vida con su aprecio: “Con sincera amistad y profunda gratitud”, reza la última dedicatoria que nos dispensa en el penúltimo libro de su obra: El viaje se termina, en 1998; que temíamos, equivocadamente, sería el último de su fructífera tarea intelectual. No descansa, por lo visto, siquiera en su hora nona.

Sin ser la única, pues toda la obra de Grases tiene como línea transversal a las ideas fundacionales de Venezuela, resulta de vital significación su estudio a profundidad de los documentos de la conspiración de Gual y España. Ellos influyen, como aquél lo sugiere, en el diseño social y político – dogmático y orgánico - de la república que aún aspiramos forjar los venezolanos y no logra ser en lo constitutivo, por obra de una realidad de factura épica que fatalmente se sobrepone y hasta desfigura la trama de nuestra nacionalidad, condenándola al mito de Sísifo: “llamo desde ahora la atención al asombroso hecho de que los impresos publicados en 1797…, reaparezcan en 1811 con tal pujanza que sostienen desde el armazón doctrinal de las primeras Constituciones…, hasta la literatura populachera que iba a ser coreada por las calles, plazas y campos de la nueva República de Venezuela”.  

    Lo cierto es que la tarea de elaboración constitucional pionera que tiene su primer anclaje en tales documentos y el contexto intelectual que los acompaña, permite a Grases afirmar que “Venezuela tiene un lugar de honor en el recobramiento a la vida de la civilización americana de todo el ámbito de Nuevo Mundo”. “A fines del siglo XVIII y comienzos del XIX – señala – se produjo la rotunda afirmación y con ella el esfuerzo necesario para entrar en la vida del espíritu y de la cultura con características americanas. En el orden político, en el cultural, en el sociológico, y en la lucha, en el combate, el centro de acción y de pensamiento partió de Venezuela, el país situado en la cabecera Sur, y en el mismo corazón del mediterráneo americano: el Caribe…” , escribe el maestro. 

    Obviamente que en favor de tal juicio no abona, únicamente, el hecho insurreccional frustrado pero que logra trascender en cuanto a su narrativa o motivación intelectual, sino la constatación de la emergencia, durante ese tiempo germinal de Venezuela, de una sólida corriente humanista propia y diferenciada en sus bases “del [hombre] que había sido modelo en las comunidades hispánicas desde el Renacimiento”. Sin que ello signifique, como cabe subrayarlo, su distancia o lejanía del paradigma que la inspira y encuentra, entonces, anclaje cierto en el pensamiento pre-liberal y liberal español.   

    La razón que esgrime Grases para su afirmación no es baladí, y cabe tenerla muy presente al momento de ponderar los alcances del ideario constitucional fundacional venezolano y sus traspiés posteriores: “El siglo XVIII nos ofrece otra perspectiva y posiblemente sean los sucesos acaecidos durante esa centuria los que nos den la clave para explicarnos el desenvolvimiento de los trazos fundamentales de la nacionalidad venezolana”.   


EL SIGLO XVIII

    Cabe tener presente que el tiempo durante el que logra su textura propia e identidad la que más tarde habrá de ser y constituirse como república de Venezuela, coincide con el advenimiento de los Borbones en España y la afirmación del llamado despotismo ilustrado; cuyo primer signo centralizador lo representa – obviamente originado en un tratamiento discriminatorio frente a quienes no apoyan a la nueva Casa reinante durante la Guerra de Sucesión – la eliminación del foralismo, con perjuicio particular del reino de Aragón; doctrina política, la foral, que significa la reivindicación por los distintos territorios españoles de sus autonomías administrativas y que, en el caso del citado reino, la ascensión de Felipe V y el dictado de los Decretos de Nueva Planta, le implican la pérdida o el cierre de sus Cortes representativas en 1707. 

    Las Cortes y sus brazos, encargadas de las funciones legislativas, existen desde el siglo XIII hasta entonces, y están fundadas en la existencia o predica de un pacto o consentimiento entre el rey y el reino, a cuyo tenor y como efecto se “justificaba la resistencia al monarca cuando éste incumpliese el pacto que, según juristas y cronistas, se hallaba en la base del régimen político aragonés”. 

    Es de añadir, en tal orden, que la foralidad, de origen consuetudinario, no es sólo propia de Aragón sino también de Navarra y se extiende hacia otros territorios hispanos hasta cuando ocurre la mencionada Guerra de Sucesión: “En varios textos del inicio del siglo XV aparecen, con nitidez, unos fueros de las montañas pirenaicas como leyes fundacionales anteriores a los reyes. Con ellos se comienza a desarrollar y fundar una doctrina política alternativa a la entonces hegemónica, a la cual sólo podían oponer opiniones e ideas no estructuradas (o la fuerza y la rebelión). Frente a la perfeccionada configuración del poder del rey traída del derecho romano y canónico pontifical, frente a ese emperador en su reino, investido de plena potestad, los fueros de Sobrarbe comienzan a articular una construcción teórica del poder regio limitable, en la línea de las constituciones históricas que se invocarán en otros territorios europeos”, refiere Morales Arrizabalaga. 

    Los fueros del Sobrarbe, titulados míticos, los formulan cristianos sitos en las montañas del mismo nombre (vertiente sur de los Pirineos) desde el instante de la invasión musulmana a España y los imponen a su rey, y según la fuente original que consultamos se resumen así: 


I. En paz y justicia regirás el reino, y nos darás fueros mejores.

II. Cuanto a los moros se conquistare, divídase no solo entre los ricos hombres, si también entre los caballeros e infanzones; pero nada perciba el extranjero.

III. No será lícito al rey legislar sin oír el dictamen de los súbditos.

IV. De comenzar guerra, de hacer paz, de ajustar tregua, o de tratar otra cosa de grande interés te guardarás, o rey, sin anuencia del consejo de los séniores.

V. Y para que no sufran daño o menoscabo nuestras leyes o libertades, velará un Juez medio, al cual sea lícito y permitido apelar del Rey, si dañase a alguien, y rechazar las injurias si tal vez las infiriese a la república.

VI. Si contra los fueros o libertades llegara él en lo sucesivo a tiranizar el reino, quedase éste en libertad para elegir otro rey, siquiera fuese pagano.


    El absolutismo borbónico, por ende, fija un parteaguas constitucional de significación, que ejercerá su influencia en la posteridad y en las distintas vertientes del pensamiento constitucional de Hispanoamérica. Y es contra tal absolutismo o despotismo, o en el tiempo durante el que se afirma, que son direccionados los distintos movimientos conspiradores y de emancipación tanto en España como en la América hispana. 

    No por azar, como más tarde lo hacen constar los redactores de la Constitución liberal de 1812, la Constitución de la Monarquía Española que sancionan las Cortes Generales y Extraordinarias reunidas en Cádiz en plenitud de la invasión francesa y firman tres venezolanos – Esteban de Palacios, y Fermín de Clemente, y José Domingo Ruz de Maracaibo, desautorizados los dos primeros – siendo rechazada por nuestros primeros repúblicos hasta cuando la invoca en su ostracismo el Precursor, Francisco de Miranda, sus normas, sin negar que en algo reflejan la realidad revolucionaria precedente, la americana y la francesa de finales del siglo XVII, encuentran o tienen como su fuente primaria la referida “constitución primitiva” española foral. 

    La lectura in extensu de una parte del discurso preliminar leído en las Cortes – por Agustín de Argüelles – al presentar la Comisión de Constitución el proyecto de ella, es al respecto concluyente:  

“Nada ofrece la Comisión en su proyecto que no se halle consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la Legislación española, sino que se mire como nuevo el método con que ha distribuido las materias, ordenándolas y clasificándolas para que formasen un sistema de ley fundamental y constitutiva, en la que estuviese contenido con enlace, armonía y concordancia cuanto tienen dispuesto las leyes fundamentales de Aragón, de Navarra y de Castilla en todo lo concerniente a la libertad e independencia de la Nación, a los fueros y obligaciones de los ciudadanos, a la dignidad y autoridad del Rey y de los tribunales, al establecimiento y uso de la fuerza armada, y al método económico y administrativo de las provincias. Estos puntos van ordenados sin el aparato científico que usan los autores clásicos en las obras de Política, o tratados de Derecho público, que la Comisión creyó debía evitar por no ser necesario, cuando no fuese impropio, en el breve, claro y sencillo texto de la ley constitutiva de una monarquía. Pero al mismo tiempo no ha podido menos de adoptar el método que le pareció más análogo al estado presente de la Nación, en que el adelantamiento de la ciencia del Gobierno ha introducido en Europa un sistema desconocido en los tiempos en los que se publicaron los diferentes cuerpos de nuestra legislación; sistema del que ya no es posible prescindir absolutamente, así como no lo hicieron nuestros antiguos legisladores, que aplicaron a sus reinos de otras partes lo que juzgaron útil y provechoso”.   

Y agrega, a mayor abundamiento y para precisar, lo siguiente:

“La Comisión, señor, hubiera deseado que la urgencia con la que se ha dedicado a su trabajo… y la falta de auxilios literarios en que ha hallado, le hubiesen permitido dar a esta obra la última mano que necesitaba…, presentando en esta introducción todos los comprobantes que en nuestros códigos demuestran haberse conocido y usado en España cuando comprende el presente proyecto. Éste trabajo, aunque ímprobo y difícil, hubiera justificado a la Comisión de la nota de novadora en el concepto de aquellos, que poco versados en la historia y legislación antigua de España, creerán tal vez tomado de naciones extrañas, o introducido por el prurito de la reforma, todo lo que no ha estado en uso de algunos siglos a esta parte, o lo que se oponga al sistema de gobierno adoptado entre nosotros después de la guerra de Sucesión”.    

No obstante la afirmación del absolutismo y su centralidad política e institucional, el siglo XVIII, como lo recuerda Grases ofrece una perspectiva distinta en el hombre americano, en lo particular, el habitante de Venezuela, visto que “la imprecisa fisonomía” que tiene ésta “para los años postreros del siglo XVII” muda en “un cuadro radicalmente distinto, pues en su gente, en sus instituciones, en sus obras y en sus manifestaciones de cultura, nos hallamos ya con los elementos constitutivos de nuestro gentilicio, en tal forma que el pensamiento de sus escritores, su modo de vivir y la gesta que llevarán a término en el primer tercio del siglo XIX, tienen el sello inconfundible de lo venezolano”. Sin que ello signifique, como lo creemos en lo personal y dentro de las limitaciones de la formación intelectual predominantes, una falta de raíces o la ausencia de raíces tributarias del pensamiento constitucional primitivo español, apagado en la circunstancia.

Durante el siglo XVIII ocurre, es verdad, un proceso de forja de identidad y maduración que acaso lo propulsan distintas circunstancias institucionales y nuestro acercamiento a las fuentes de la Ilustración y la filosofía moderna; justamente, las que permiten el juicio crítico y ponderado sobre el régimen al que había que ponerle un término, sustituirlo en su momento apropiado, y redescubrir las formas propias del autogobierno.

Se trata del tiempo que marca la primera separación de Venezuela de Santa Fe. Hasta entonces, para 1742, dependemos del Virreinato sito en la actual Colombia, y ha lugar a la autonomía de las provincias venezolanas – Caracas, Maracaibo, Cumaná, Margarita y Guayana - y su sujeción plena a la autoridad de su gobernador y Capitán General, Don Gabriel de Zuloaga. Y la razón es de peso, ya que “la capital de Caracas dista de esa de Santa Fe cerca de cuatrocientas leguas, cuyos pasos en más de la mitad del año son intransitables y en el resto de él sumamente penosos y arriesgados, como se verifica de la poca o ninguna comunicación que tienen entre sí esas Provincias, porque cuando más, se reciben cartas de esa ciudad en la de Caracas una vez al año, al tiempo que bajan esos naturales a vender mulas y que si a algún particular se le ofrece dependencia en que necesite despachar propio o correo, le cuesta de 400 a 500 pesos, y esto, con la incertidumbre de que llegue…”, reza la disposición real otorgada en 12 de febrero de dicho año.

Dos décadas antes, además, el 22 de diciembre de 1721, el Rey firma la Cédula de erección, en Caracas, de la Real y Pontificia Universidad de Santiago de León de Caracas sobre la experiencia del Colegio Seminario de Santa Rosa, constante de nueve cátedras y para que pueda otorgar grados, hasta entonces dispensados a los muy pocos venezolanos que excepcionalmente y superando riesgos viajaban al efecto hacia las universidades de Santo Domingo y Santa Fe.

Grases apunta, en cuanto a lo anterior, un elemento de juicio autorizado:

“Del seno de la Universidad saldrán educados muchos de los hombres representativos de la historia nacional. No es posible ni oportuno entrar en la disquisición valorativa de nuestra Universidad colonial, que tantos encontrados pareceres ha suscitado. Básteme citar unas palabras para mí suficientemente representativas, como son las que estampó Francisco de Miranda, el Precursor, en su primer testamento de 1805, reiteradas en el segundo de 1810…: A la Universidad de Caracas se enviarán a mi nombre los libros clásicos griegos de mi Biblioteca, en señal de agradecimiento y respeto por los sabios principios de Literatura y Moral Cristiana con que administraron mi juventud, con cuyos sólidos fundamentos he podido superar felizmente los graves peligros y dificultades de los presentes tiempos”.  

Sea de mencionar, a título ilustrativo y para el cometido que nos hemos propuesto, que José Ignacio Moreno, quien fue rector de dicha Universidad entre 1787 y 1789, participa de la conspiración de Gual y España en 1797. Juan Germán Roscio (1763-1821), es profesor de Cánones en la misma, y de él recuerda Grases, es uno de los hombres fundamentales – “la necesaria minoría dirigente, que supo encontrar el camino que en la historia conduce a la gloria” – del 19 de abril de 1810. Tanto como para esa fecha, según lo reseña Don Andrés Bello en su Calendario Manual y Guía Universal de Forasteros en Venezuela para el año de 1810, integran el Claustro general de Doctores de la Real y Pontificia Universidad caraqueña, autorizada también con Bula de Inocencio XIII y puesta “bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción de Santa Rosa de Lima, y del Angélico Maestro Santo Tomás de Aquino”, los nombres, entre otros, de quienes serán nuestros padres fundadores, como José Vicente Unda, Manuel Vicente Maya, Pedro Gual, doctores en teología; Juan Germán Roscio, doctor en Cánones; Andrés Narvarte y Miguel Peña, doctores en Derecho civil; José María Vargas, doctor en Medicina; Cristóbal Mendoza, doctor en Artes. 

En ese siglo XVIII también es creada en Caracas la Intendencia de Ejército y Real Hacienda (Real Cédula de 8 de diciembre de 1766); la Real Audiencia, que separa nuestros negocios judiciales de Santo Domingo y reúne bajo la autoridad caraqueña las apelaciones de las Provincias de Venezuela, Cumaná, Maracaibo, Trinidad y Guayana (Real Cédula de 8 de agosto de 1786); y el Real Consulado, para resolver judicialmente sobre los negocios mercantiles y atendiendo el Rey a que, por obra de la libertad de comercio concedida por su augusto padre, “en el estado presente de las cosas y según la multitud y frecuencia de las expediciones que salen para distintos puertos, podrían no bastar los dos únicos consulados establecidos en Lima y México” (Real Cédula de 3 de junio de 1793). ¡Y es que, desde 25 de septiembre de 1728, sean cuales fueren las valoraciones históricas realizadas acerca de ella y su actuación en Venezuela, a la sazón se firma contrato entre la Corona Española y la Compañía Guipuzcoana!

El decaimiento de la relación económica entre Caracas y la metrópoli, vía Cádiz, en lo particular en cuanto hace a la exportación de Cacao y sus precios exorbitantes, sumado al incremento de los fraudes y el comercio ilícito, da lugar a la inicial autorización de viaje de dos navíos al año de la señalada compañía, como medio formal para la actividad mercantil, que cargados con frutos españoles pudiesen ser permutados por el mismo cacao, “y los demás de aquellos parajes”, en Caracas y a través del puerto de La Guaira, en Puerto Cabello, y para que puedan “los Factores del Registro traficar libremente, y sin impedimento alguno todos los efectos del Registro, internar sus mercaderías, frutos y géneros por mar y tierra, y Ríos de Yaracuy, y otros, y a todos los puertos y lugares de la jurisdicción de la Provincia de Caracas, y traficar y conducir así mismo desde tierra adentro, y sus costas y ríos, a Puerto Cabello, y al de La Guaira, los frutos que recogieren, compraren en ellas, sin obligar a los Navíos, o embarcaciones de la Compañía, que los condujeren y tuvieren que proseguir el viaje a España, a la descarga de ellos en La Guaira…. [y] podrán entenderse en su navegación, a todas las que intermedian desde la del Río Orinoco, hasta el de la Hacha…”.  

En suma, volviendo a Grases, él cita a Mario Briceño Iragorry, para poner sobre la mesa su tesis en cuanto a que, “la Real Cédula de 1777, que permitió al Gobernador y Capitán General de Caracas, dictar órdenes que se cumplían uniformes desde el Roraima hasta el Río de Oro”, constituye el momento en que “se echaron los cimientos político-geográficos del gran hogar venezolano y de entonces arranca el proceso formativo del país como nacionalidad determinada en el conjunto de los pueblos civilizados”. Pero a renglón seguido, observando el conjunto de las disposiciones reales que le dan armazón institucional, política y económica, a Venezuela, prefiere sostener que ellas “son generalmente consagratorias de un estado de hecho, más que causa de una evolución posterior”. A cuyo efecto, propone el estudio de dicho siglo XVIII, como hito en la mudanza de la sociedad venezolana y “como término de una profunda evolución desde los comienzos del siglo hasta sus postrimerías”. 

Destaca, incluso así, el papel que, en ese proceso de formación del ser nacional y la fijación de una cultura en forja progresiva, cumplen la citada Compañía Guipuzcoana y, en efecto, como lo escribe Ramón Ezquerra, “a bordo de los buques de la Compañía…, los «navíos de la Ilustración», en conocida frase de Basterra”, entran al país “muchos de los más conspicuos autores dieciochescos… [tanto como de la Universidad] “salieron muchas figuras de la Emancipación, lo que atestigua no ser un centro inútil ni atrasado, y mereció la gratitud de Miranda y el elogio de su más brillante alumno, Andrés Bello…”. Y a la sazón, Grases, por su parte, prefiere apoyarse, para validar lo indicado, en el testimonio de Don Andrés y en su Resumen de la Historia de Venezuela, en la que da noticia extensa del efecto propulsor que sobre toda la geografía venezolana y su dinámica social ejerce la Compañía: 

“a la que tal vez podrían atribuirse los progresos y los obstáculos que han alternado en la regeneración política de Venezuela, … no podrá negarse nunca que él fue el que dio impulso a la máquina que planteó la conquista, y organizó el celo evangélico… La actividad agrícola de los vizcaínos vino a reanimar el desaliento de los conquistadores, y a utilizar bajo los auspicios de las leyes la indolente ociosidad de los naturales”. 

Causa de lo sucesivo o realidad en ebullición, en suma, ese siglo XVIII venezolano es el punto de partida necesario para el descubrimiento y la comprensión del pensamiento constitucional fundacional de Venezuela. 

Grases, al respecto, hace dos referencias vertebrales. Una, la toma del mismo Bello y su citado resumen de historia: “Venezuela tardó poco en conocer sus fuerzas, y la primera aplicación que hizo de ellas, fue procurar desembarazarse de los obstáculos que le impedían el libre uso de sus miembros”. Por lo pronto, ya conocía la importancia de la libertad de comercio para el desarrollo social y político. Otra, la concreta en lo que de otra forma no se explicaría, a saber, que en el período correspondiente a las últimas décadas del siglo en cuestión, antes de iniciarse nuestra Independencia, el suelo patrio ve nacer a Francisco de Miranda, Andrés Bello, Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Juan Germán Roscio, José Luis Ramos, Cristóbal Mendoza, Francisco Javier Ustáriz, Vicente Tejera, Felipe Fermín Paul, Francisco Espejo, Fernando Peñalver, Manuel Palacio Fajardo, José Rafael Revenga, Pedro Gual, el Padre Fernando Vicente Maya, Miguel José Sanz, Mariano de Talavera, Manuel García de Sena, Carlos Soublette, entre otros. Se trata del conjunto de nuestra primera Ilustración, parteros de nuestra tradición humanista, hacedores de nuestra emancipación, guías del pensamiento político inaugural de la patria; hijos, a fin de cuentas, del siglo XVIII venezolano y de su mixtura hispano-americana.

Los escritos e investigaciones de Grases, fundamentalmente los tres volúmenes que llevan por títulos Preindependencia y emancipación (Volumen 3), Estudios Bolivarianos (Volumen 4) y La tradición humanista (Volumen 5), bastan para comprender el significado de todo lo anterior y encontrar en sus páginas los textos fundamentales o las referencias que perfilan el pensamiento inaugural de la república.

PRE-INDEPENDENCIA Y EMANCIPACIÓN

“El cambio de la vida colonial a la vida independiente en Hispanoamérica no radica únicamente en los hechos políticos y bélicos que determinan el paso del poder público, de manos de la metrópoli a los nuevos gobernantes de las nacionalidades constituidas en Estado a comienzos del siglo XIX”, escribe Grases. Así, pone el dedo sobre la llaga de nuestra tradición nacional: “El esfuerzo del héroe militar, o el genio del estadista se estrellarían infaliblemente en el vacío, sino marcharan al unísono con la transformación de las conciencias”; es decir, según sus propias palabras, “mucho más profundo que el traspaso del dominio, es la conversión de los principios actuantes en las antiguas sociedades coloniales”, como ocurre en Venezuela. Justamente, es lo relevante y lo que nuestra memoria olvida, bajo la recurrencia y afirmación del César democrático o gendarme necesario durante el curso de los siglos XIX, la primera mitad del siglo XX e incluso, durante las dos primeras décadas del siglo XXI; cuyas narrativas - ¡qué duda cabe! – anclan en la vertiente del despotismo que rige en España para el momento de nuestra Emancipación y se disfraza al apenas mudar nuestro modelo, luego de la Independencia, y al hacernos república.   

Las circunstancias históricas de entonces, las del siglo XVIII venezolano, determinan un estado de conciencia o lo modelan – en el último caso, el malestar social con la Guipuzcoana dada su tendencia monopolizadora de la vida económica y política, siendo que llega, en efecto, bajo las ideas imperantes del libre comercio desconociéndolas; el desarrollo intelectual de los criollos y su afecto por el suelo en el que nacen, que los opone a los peninsulares; las noticias sobre la revolución americana y la revolución francesa; la invasión de Napoleón a España y la amenaza de su extensión hacia las colonias de ésta – y aquéllas, las circunstancias históricas mencionadas, propulsan la acción que sólo espera que el todo se concrete en una idea movilizadora, que para Grases se resume en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamados en Francia; declaración de filiación norteamericana y británica – la Declaración de Derechos y el Bill of Rights – y la emergencia, como fundamento de aquélla, de la filosofía liberal de los siglos XVII y XVIII: “Los renovadores conceptos filosófico-políticos del liberalismo habrán de constituir el nervio y la razón de conducta de los hombres públicos” de la época, señala el autor. 

Su primera fuente de estudio la representan, por lo mismo, los textos de la citada conspiración de Gual y España, en lo particular, las denominadas Ordenanzas, constantes de 44 artículos y que son instrucciones prácticas para la acción revolucionaria imaginada; el alegato emocional que soporta a la insurrección y a la vez evoca, entre muchas líneas, el alzamiento reivindicatorio de Juan Francisco de León de 1749 en protesta contra la Compañía Guipuzcoana, titulado Habitantes libres de la América Española; las canciones – la Canción Americana y la Carmañola Americana – propuestas para animar y exaltar al pueblo no educado con vistas a la jornada insurreccional que se le propone; el texto de los Derechos del Hombre y del Ciudadano – que es la traducción del texto francés de 1793, constante de 35 artículos; y las Máximas Republicanas, como enunciado de principios y virtudes ciudadanas. Se trata, lo refiere Grases, de un “código de moral y política por el que debe guiarse un buen republicano” ; suerte de decálogo de deberes, contrapartida de los derechos que se esgrimen. 

De todo ello, no obstante, lo de especial interés para el entendimiento de nuestro pensamiento constitucional originario es el Discurso preliminar que antecede al mencionado texto de los derechos del hombre.

El Discurso preliminar dirigido a los americanos, es obra, según Grases, de Juan Bautista Picornell, quien en 1797 llega a La Guaira junto a Manuel Cortés Campomanes, Sebastián Andrés y José Lax, todos reos de Estado, condenados por la frustrada Conspiración de San Blas en España que estallaría el 3 de febrero de 1796, y es quien lo introduce. Del mismo, se afirma – como consta en el propio texto - haber sido impreso en Madrid, en la Imprenta de la Verdad, en el año primeramente indicado, pero del que la Real Audiencia de Caracas sostiene existen “muchos ejemplares” en la Isla de Guadalupe.  

Hace parte Picornell del movimiento pre-revolucionario liberal español. Algunos hasta disminuyen su importancia intelectual, no obstante que, “exaltado, apasionado, orador de fácil palabra, había hecho exclamar al fiscal de su causa en España: ¡…el hombre que tenemos presente en esta audiencia o es un santo o es un demonio!” . Sus elaboraciones o reflexiones en el discurso – distintas de su preferencia intelectual conocida por la pedagogía, anclada en su formación salmantina – algunos las tachan, además, por radicales o jacobinas, ora por predicar el establecimiento de una república democrática, ora por orientarlas hacia la idea de una monárquica constitucional. Pero, más allá de las inevitables influencias cruzadas a que las somete su tiempo y el contexto – las mencionadas revoluciones americana y francesa – su ideario o propuesta política queda tamizado por la condición que tiene como hispano y tributario del mundo ilustrado que conoce. Mas, lo importante es que, al fin y al cabo, el aporte de Picornell ejerce una influencia de no poca importancia en las tareas constitucionales que han de acometer luego los padres civiles de nuestra emancipación e independencia. 

Entre los grupos o “grandes talentos del país” – del llamado liberalismo conservador español – quienes avanzan incluso de concierto con la propia monarquía en las ideas de una reforma prudente, que fuese congruente con los tiempos nuevos; y la constatación, así mismo, de la repulsa general que causan entre los españoles de bajos estratos las noticias de la incontenible violencia revolucionaria francesa – “opuestos por su espíritu religioso y tradicional a cuanto oliese a revolución” - se afirma, de nuestro personaje, que integra “el grupo de los intelectuales de segunda fila, pretensiosos o resentidos, que se lanzaron al campo del activismo político sin pensarlo más”.  

El molde del liberal hispano es, antes bien, Manuel José Quintana. En sus cartas a Lord Holland – testigo inglés del proceso español desde el reinado de Carlos III hasta Fernando VII y la posterior afirmación constitucional del liberalismo – señala que “el estado de libertad es un estado continuo de vigilancia y frecuentemente de combates”, pero separándose del fenómeno francés señala que aquel, en todo caso, ha de alcanzarse “sin hacer derramar a nadie una gota de sangre, ni una lágrima siquiera”. 

Lo importante de subrayar es que Grases constata, no solo que los papeles de la conspiración de Gual y España, en específico, el de los Derechos del hombre y del ciudadano, son reeditados posteriormente en Caracas, en 1811 y 1824, en Bogotá en 1813, y en Cumaná en 1848. Sus prescripciones pasan, en efecto, a los Derechos del Pueblo aprobados por la sección legislativa de la Provincia de Caracas el 1° de julio de 1811; a la Constitución Federal para los Estados Unidos de Venezuela, de 21 de diciembre de 1811, elaborada por Francisco Javier de Ustáriz, con la colaboración de Juan Germán Roscio y Gabriel de Ponte; y a la Constitución de Barcelona colombiana de 12 de enero de 1812, en la que trabajan Francisco Espejo y Ramón García de Sena. 

En la indagación que realiza nuestro homenajeado, si bien su estudio se limita a “la influencia y las ideas de la redacción del texto de 1797 en los primeros códigos constitucionales de la república”, quedan trazas del mismo, según aquél, en las constituciones subsiguientes: la de Cúcuta de 1821, la de Venezuela de 1830, e incluso en la controversial Constitución de Bolivia de 1826, obra de Simón Bolívar. De allí que no carezca de significado el detalle que a la par constata Grases en las Actas del Congreso Constituyente de Venezuela de 1811: “en el Salón de Sesiones del Supremo Congreso de Caracas entró con previo permiso D. Juan Picornell, a ofrecer sus servicios en favor de la patria, al restituirse a Venezuela de la persecución sufrida por el Gobierno anterior”. 

¿Qué enseñanzas constitucionales deja, así las cosas, el estudiado Discurso preliminar dirigido a los americanos y que puedan juzgarse de relevantes para la configuración de un pensamiento venezolano propio?

Lo primero que destaca en el orden dogmático constitucional es el fundamento que le atribuye a los derechos del hombre, que considera “sagrados e imprescriptibles” y mal pueden ser desconocidos “sin una infracción de las leyes más sagradas de la naturaleza, y por un feroz abuso de la fuerza armada”; con lo cual, si bien Picornell traduce para ilustración de los americanos el texto francés que encabeza con su discurso, se separa de su cosmovisión revolucionaria y roussoniana e incluso de la jacobina – salvo que se le acuse como tal, y eso ocurre en su momento, por su apelación última al recurso de la fuerza o acaso al proponer la fórmula del gobierno colectivo como se verá más adelante – recordando, como buen español, que bebe de la fuente milenaria, del Evangelio. Dado ello predica la disposición necesaria que se requiere para sustituir con “el imperio de una ley razonable y justa, a la fuerza arbitraria y desmedida, la dulce fraternidad que el Evangelio ordena, al espíritu de división y de discordia que la detestable política de los Reyes ha introducido entre nosotros”.

Tal construcción, que es basa de la acción insurreccional de Gual y España, plantea, dos exigencias conceptuales y complementarias, incluso políticamente operativas, a saber, uno, la de restituirle al pueblo su soberanía para que pueda hacer valer el poder de sus derechos y determine la formación de un “gobierno paternal”; otro, la creación de una conciencia colectiva sobre los derechos, que prevenga al pueblo del engaño, de la mentira como política de Estado: “Ningún hombre puede cumplir con una obligación que ignora, ni alegar un derecho del cual no tiene noticia”, es la oración inaugural del discurso preliminar.

En cuanto a lo primero, se trata de una premisa que tiene largo arraigo en la tradición hispana, según lo refiriésemos supra, y que conceptúa Picornell en su unidad, sobre la que descansa la misma soberanía y que se entiende como el “producto del concurso general de sentimientos y de esfuerzos hacia un objeto único: “el goce común de los derechos del hombre, que constituye el bienestar de cada individuo”. Y en cuanto a lo segundo, se abre un abanico constitucional de importancia, que explica, por una parte, la precedencia que se le da a las declaraciones de derechos, previas o anteriores a las formulaciones orgánicas y garantistas del poder en el respectivo texto constitucional, para atar las segundas a las primeras en calidad de sirvientes – así ocurre en Francia, en 1789, 1791, 1793 y 1795, y en Venezuela, en 1811 – y, por otra parte, determinan la significación de la educación pública dentro del nuevo entramado constituyente; como lo refleja el artículo 22 de la Declaración francesa de 1793 – fijando como deber de la sociedad favorecer la “razón pública” – y, más tarde, el artículo 368 de la Constitución de Cádiz de 1812 . En otras palabras, se propone “cimentar, y construir de nuevo el edificio, poner en acción la moral, y darla por basa a la política, así como a todas las operaciones del Gobierno”, reza el discurso. 

Otros dos párrafos del mismo son aleccionadores, al respecto:

“No habrían abusado tanto los Reyes de España, y los que en su nombre gobiernan nuestras provincias, de la bondad de los Americanos, si hubiésemos estado ilustrados en esta parte. Instruidos ahora en nuestros derechos y obligaciones, podremos desempeñar éstas de modo debido, y de defender aquéllos con el tesón que es propio”.

“Así, hacer de un vasallo, o de un esclavo, que es lo mismo, un Republicano, es formar un hombre nuevo, es volver todo al contrario de lo que era… no es suficiente establecer otro sistema político, es necesario, además, poner el mayor estudio en regenerar las costumbres para volver a todo ciudadano el conocimiento de su dignidad, y mantenerla en el estado de vigor y entusiasmo, en el que le ha puesto la efervescencia revolucionaria, si pasada la crisis no estuviese sostenido por un conocimiento positivo de sus derechos”.

La Constitución, por consiguiente, así como reclama - para ser tal y por fundada en los principios de la razón y de la justicia - estar al servicio de los derechos del hombre y del ciudadano, según Picornell ha de ser además de suficiente y garantista, oportuna, pues ha de formularse y publicarse sin dilación una vez como se alcanza la conciencia de la gente acerca de sus derechos. Es una cuestión de indudable importancia, en medio de todo proceso emancipador:

“Si la reforma no se ejecuta en ese instante, la imaginación se enfría, las ofensas se olvidan, el entusiasmo se pierde, y la malignidad alentada recobra su audacia, principia a maquinar, y no pocas veces consigue malograr la revolución”. (…) “Entonces, el espíritu de discordia se introduce, inflama los corazones, y hace que se combatan, despedacen, y destruyan mutuamente los partidos”.

El sentido señalado de la oportunidad constitucional adquiere para los legisladores igual relevancia que la proclamación de los derechos: ya que las disensiones no se frenan “sino publicando inmediatamente su nueva forma de gobierno; y Picornell agrega, por ende, que “en medio de este contraste – el señalado y advertido y que llega por pérdida del sentido del tiempo - los mejores ciudadanos suelen ser víctimas de la perfidia: como su carácter enérgico se opone a toda transacción de los derechos, no es muy difícil al maquiavelismo, pintarlos como los solos obstáculos para el restablecimiento de la tranquilidad general”.

La Constitución, en orden seguido, al instante de formular su andamiaje y para asegurar las garantías orgánicas de los derechos, ha de “combinar sus partes de tal modo, que la necesidad de la obediencia de las leyes, y de la sumisión de las voluntades particulares a la general, deje subsistir en toda su fuerza y extensión, la soberanía del pueblo”. Y reduciéndose el entramado de los citados derechos a los principios de “igualdad entre los ciudadanos, y el ejercicio de la libertad natural”, no cabe duda que ello sólo es posible – así lo confirma el discurso – en una república democrática.

Acaso es, esta afirmación, la que explica la referida acusación que se le hace a Picornell de jacobino, si se la mira no desde la óptica que muestra el trágico desenlace de la Revolución Francesa, sino por la postulación que hacen los girondinos en su Constitución de 1791 de una “monarquía parlamentaria” y constitucional – que limita las atribuciones del Rey y es consistente, incluso, con la perspectiva de los liberales españoles doceañistas, de cultura reformadora - a la que se oponen quienes se reúnen en el Convento de los frailes dominicos: esencialmente republicanos, defensores de la soberanía popular, del voto universal, de la unidad de la nación y del Estado centralizado pero de organización colectiva, como cabe repetirlo.

Picornell, incluso así, precisa mejor su perspectiva y la matiza, apuntando al principio de la distribución, contención y balances del poder, como antecedente del constitucionalismo venezolano: 

“es necesario crear una autoridad vigilante y firme, una autoridad sabiamente dividida entre los poderes, que tenga sus límites invariablemente puestos, y que ejerzan el uno sobre el otro una vigilancia activa, sin dejar de estar sujetos a contribuir a un mismo fin”. 

De modo que, a la visión francesa contractualista, apoyada en el criterio pro statum o imperium y su centralidad, opone éste la visión hispana, iusnaturalista y teleológica pro homine et libertatis, asegurada por la mencionada división de los poderes y la sujeción de éstos a la ley.    

Mejor se entiende lo así dicho, leyendo al propio autor del discurso:

“Con esta medida, la jerarquía necesaria, para arreglar y asegurar el movimiento del cuerpo social, conserva su fuerza equilibrada en todas sus partes… Esta proporción tan exacta nace principalmente de los elementos bien combinados de las autoridades… Nada más funesto para un Estado, que la creación de funciones públicas que no son de una utilidad positiva; no es sino una profunda ignorancia, y más frecuentemente la ambición, el orgullo y el amor propio, quien propone tales funciones; …ellos [los empleos] impiden el curso del gobierno por su inutilidad, y apuran el Estado consumiéndole su substancia [la garantía de todos los derechos para todos]”.

Varios principios rigen para una república democrática así concebida, que han de entenderse como los fundamentales del constitucionalismo venezolano emergente y que propugna el discurso, encontrando, éste, aliciente propicio en el momento crucial de nuestra emancipación: 

“Muchos pueblos se ocupan en el día en recobrar su libertad: en todas partes los hombres ilustrados y de sano corazón, trabajan en esta heroica empresa… las circunstancias de la Europa presentan la ocasión más favorable”, dice. 

Mas, el punto de partida en cuanto a los primeros, es impedir se configure otro gendarme o de un Estado gendarme en defecto de la monarquía. 

“En donde todo el poder reside en una sola mano privilegiada, solamente se asciende a fuerza de bajezas, adulando las pasiones…”, ajusta Picornell; lo que ha de ser evitado mediante una metodología que propugne, ora la señalada distribución del poder, ora su origen estrictamente electoral. 

En efecto, al predicar el carácter colectivo del ejercicio del poder, advierte el autor del discurso que ello no es suficiente, sino que “es necesario también que sea electivo. Éste es, uno de los principios fundamentales de la democracia”, concluye Picornell categóricamente. 

La reflexión, en cuanto a lo primero e in extensu es ilustrativa:

“Conferir a un hombre solo todo el poder, es precipitarse en la esclavitud, con intención de evitarla, y obrar contra el objeto de las asociaciones políticas, que exigen una distribución igual de justicia entre todos los miembros del cuerpo civil”. 

Quizás prefigurando, así, la formación de una república parlamentaria y/o de gobierno colegiado a la manera de la Constitución francesa de 1793 , explica el discurso, que ello obliga o provoca de suyo la publicidad de la deliberación, esencial en la república democrática:

“No puede jamás existir, ni se pueden evitar los males del despotismo, si la autoridad no es colectiva; en efecto, cuanto más se la divide, tanto más se la contiene… ninguno puede tomar resolución sin el consentimiento de los otros; cuando en fin la publicidad de las deliberaciones, contiene a los ambiciosos o descubre la perfidia, se halla en esta disposición una fuerza, que se opone constantemente, a la propensión que tiene todo gobierno de una sola, o de pocas personas, de atentar contra la libertad de los pueblos, por poco que se le permita extender su poder”.

La razón, en cuanto a lo segundo, a lo electoral, no se hace esperar. Se le considera no sólo como el acto principal de la soberanía del pueblo sino, asimismo, parte esencial de los derechos de igualdad – de allí el carácter universal del voto - y la mayor garantía de la libertad pública.

Entiende Picornell, incluso así, que “no todos nacen con las mismas disposiciones, tienen un mismo mérito, y poseen las cualidades necesarias para desempeñar debidamente las funciones públicas”; por lo que previene, no tanto en cuanto a lo relativo a las condiciones que constitucionalmente se le deben fijar al elegido, sino en lo atinente al desconocimiento que de tal premisa y los males que ocurren en los pueblos “que se dejan gobernar por autoridades hereditarias”. 

Precisa, en igual orden, que el pueblo, al mismo tiempo, no puede ser representante y representado, y al efecto sostiene que, junto a la separación de los poderes electos y delegados, “es necesario que [el pueblo] tenga perpetuamente bajo su dependencia, aquellos a quienes delega el ejercicio de su poder”.

Le elección, en suma, otorga un mandato, y el nombramiento que confiere el pueblo, dentro de la más añeja tradición hispana, en modo alguno restringe o prosterna en ningún momento o circunstancia el “derecho de supremacía” de éste, es decir, conserva y ejerce en unidad la soberanía como principio vertebral, reafirmando su consideración inicial.

El carácter electoral del poder delegado, su división y distribución, su carácter colectivo que le obliga a la deliberación y su publicidad, el control permanente por el pueblo sobre todos los mandatos que confiere, su carácter temporal – “los funcionarios, que lo son por toda su vida, o por un largo espacio de tiempo, rompen el equilibrio de la democracia”, reza el discurso – y la naturaleza participativa de la misma democracia – “el ocioso en una democracia, es despreciado del público, como un ser inútil, y castigado por la ley, como un ejemplo escandaloso”, agrega éste – expresan el conjunto de principios o postulados fundamentales de un orden constitucional que se proponga, como sistema, sustituir al despotismo. 

El texto de Picornell sintetiza lo anterior así: 

“La verdadera esencia de la autoridad, la sola que la puede contener es sus justos límites, es aquella que la hace colectiva, electiva, alternativa y momentánea”.

Cabe, a todo evento, volver e insistir en ese elemento que viene atado, necesariamente, al ejercicio colectivo del poder y a su carácter electivo, a saber, el de la publicidad, que apunta a la idea de la transparencia en la democracia; que no se reduce a la mera cuestión de la publicidad – también mencionada en el discurso - del acto constitucional y su oportunidad.

“La publicidad de las opiniones, y de las deliberaciones, es absolutamente necesaria en una República: no se debe hacer jamás uso, sino del escrutinio verbal. Malhaya aquél, que teme dar su voto, su parecer, o dictamen en alta voz; sus intenciones no pueden ser buenas; no hay sino la maldad que pida la oscuridad y el silencio”, afirma Picornell antes de fijar su enseñanza al respecto: “La publicidad es la más fuerte columna de la libertad”. 

Otro elemento, ya avanzado y de subrayar, es la identidad de la república democrática con el Estado de Derecho y su principio de la legalidad, que a la vez se funda, como exigencia, en el principio de la alternabilidad en el ejercicio del poder y en leyes – “será imposible que haya jamás un buen gobierno, ni una sabia legislación” [sin que todas las leyes sean recopiladas] – que sean objeto de sanción popular:

“La habitud [o larga duración del goce de los poderes por los funcionarios] los identifica insensiblemente con su empleo, de suerte que acaban por hacerse señores, y en lugar de seguir la legislación, que se les ha prescrito, mandan sólo según su capricho”.

De modo que, tal y como lo refiere el discurso, “la justa limitación de los poderes y del ejercicio de las funciones públicas”, llega al punto de hacer incompatible con la vigencia del mismo Estado de Derecho, a la clásica dictadura constitucional de origen romano o el conocido, en la actualidad, estado de emergencia o excepción. En modo alguno – es la tesis del discurso - una crisis constitucional puede conllevar a la suspensión del orden constitucional:

“Aun en los peligros más inminentes de la Patria, aun en las circunstancias más desgraciadas que pueden presentarse en medio de una crisis revolucionaria, no se debe cometer semejante exceso. Toda excepción de la ley común, hecha en favor de un individuo, es un atentado cometido contra los derechos de los demás”. 

Ahora bien, el imprescindible ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho y a su principio de la legalidad, apareja otro principio clave para la república democrática, a saber, el de la responsabilidad, según Picornell:

“Es necesario, pues, que los límites a la autoridad sean tan positivos, que aquellos a quienes esté confiada, no puedan de manera alguna, engrandecer, ni estrechar su circunferencia, sin sufrir la pena impuesta a cualquiera que cometa un atentado contra la seguridad pública, que reside particularmente en la integridad de la Constitución”.

Finalmente, una Constitución sabia y justa además de permanente, como la dibuja Picornell para los americanos, en lo particular para los venezolanos, en procura de una república democrática, es extraña a la mera radicalidad racionalista o histórica que imponga arbitrariamente un grupo, al margen de la realidad y circunstancia que sean propias del grupo humano al que haya que reivindicar en su dignidad y darle un estatus ciudadano. Se trata, en efecto, de una labor de armonía, con miras a la idea del Bien Común, encomendada a los legisladores, pero cimentada en lo invariable, es decir, en el carácter anterior y superior al Estado que tienen los derechos del hombre y condicionan el carácter sirviente de toda la ingeniería constitucional. 

Ello obliga, justamente, al reconocimiento constitucional de “la naturaleza de las cosas, y el carácter de los hombres”; no tanto como para subestimarlos y sujetarlos a la tutela del autoritarismo, tal y como lo predicarán los despotismos ilustrados, sino para que haya lugar a una tarea compleja y de moderación en los mismos legisladores, para que a los hombres del pueblo:

“sepan atraerlos por la fuerza de los principios y no por la violencia; que conozcan la influencia del clima, sobre lo moral y lo físico, y la influencia aún más grande de los usos antiguos… que miren solamente la masa del pueblo, sin distinguir los individuos; que caminen entre la sabiduría y el vigor, la justicia y la razón, la estabilidad y los principios… [y] mirar exclusivamente en sus trabajos el bien general”.

Si hubiese que traducir todo lo anterior a la luz de los estándares contemporáneos de la democracia, no sólo de aquéllos que se hacen espacio luego de las revoluciones de la libertad de finales de los siglos XVIII y XIX en Occidente, cabría decir que el Discurso preliminar de Picornell entiende a la república, por fundada sobre el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, como una organización del ejercicio del poder político guiada por los principios de legitimidad de origen popular de los mandatos; ejercicio parlamentario representativo; alternabilidad, carácter momentáneo y colegiado de la función pública, con lo que se proscribe la reelección inmediata; división y distribución del poder junto a sus equilibrios (check and balance); sujeción del poder a la legalidad constitucional y su teleología pro homine et libertatis; transparencia en el ejercicio del poder e información pública; deliberación libre; responsabilidad funcionarial; sujeción de las armas a la primacía de los derechos civiles y ciudadanos; estabilidad e integralidad constitucional, como garantía de los derechos; participación ciudadana; en fin, primacía inicial y final de la voluntad popular soberana. 

LA TRADICIÓN HUMANISTA

Grases dedica un tomo de su larga obra al estudio de los humanistas – La tradición humanística - que hacen tradición en Venezuela y son, en esencia, integrantes de la ilustración pionera, la de nuestro siglo XIX, como los casos del Precursor Francisco de Miranda, Miguel José Sanz, Juan Germán Roscio, Simón Rodríguez, Andrés Bello, Manuel Palacio Fajardo, José María Vargas, Domingo Navas Spínola, Juan Manuel Cagigal, Fermín Toro, Juan Vicente González, Rafael María Baralt, y Cecilio Acosta. Ellos ocupan la atención intelectual de Grases. No obstante, cabe decir que Navas Spínola y quienes le siguen, nacidos a inicios del citado siglo, despliegan sus luces sobre la república una vez independiente y ya separada de la Gran Colombia.

Son las ideas de Miranda, Sanz, Roscio, y Bello, en efecto, las relevantes y que han de ser tomadas en cuenta para el estudio del pensamiento constitucional venezolano germinal, antes de que sufra un giro o alcance ser severamente matizado por la obra constitucional de Simón Bolívar, a quien Grases dedica un libro aparte que precede a los de los humanistas – Estudios Bolivarianos – a fin de relevar en él, más allá de su condición militar, “la singular altura de una ideología y la capacidad de expresarla en un idioma limpio” sobre Venezuela, sin que pueda precisarse “el tiempo y lugar de su formación intelectual”.

Todos a uno, o acaso los primeros diferenciándoseles Bolívar, son portadores de una suerte de pensamiento humanista liberal propio, de textura americana, que Grases acusa “con rasgos diferenciadores respecto a las perspectivas de la cultura en Europa”. Las premisas compartidas entre ellos son, según su criterio, “a) El derecho al gobierno de las cosas públicas; y b) La necesidad de construir las bases propias americanas con las peculiaridades singulares, idóneas a las nuevas Repúblicas”; objetivos, éstos, que, en el juicio de aquéllos no pueden alcanzarse sino mediante una “nueva educación”. 

Incluso, así, ese pensamiento constitucional en cierne, Grases lo advierte frustrado “por la fuerza de los acontecimientos socio-políticos que dominan la escena del siglo XIX en casi toda la América hispana”, a saber y como lo precisa éste, “dada la aparición de caudillos o gobiernos autocráticos”.

Interesa, para este escrito puntual – susceptible de ser ampliado – y dada su sucesión cronológica, auscultar de modo particular y en líneas gruesas el pensamiento mirandino, por ser el inaugural dentro del conjunto de sus contemporáneos y sin mengua de alguna brevísima reseña acerca de éstos. 

A) EL LICURGO VENEZOLANO

Sin embargo, cabe decir, brevemente, en cuanto a Miguel José Sanz, nacido en 1756, quien fuera consejero de mismo Miranda y decano de los juristas caraqueños; considerado el “Licurgo de Venezuela” por François Depons y editor que es del primer periódico no oficial que circula en plena emancipación e Independencia, el Semanario de Caracas, amén de secretario del Congreso que sanciona nuestra primera Constitución, que es el autor de las ordenanzas municipales para el gobierno de Caracas cuya redacción le encomienda el Capitán General Guevara y Vasconcelos y que finaliza en 1802. Las mismas, al igual que su historia de Venezuela se extravían, y de las primeras queda, en buena hora, la parte educativa: Informe sobre la Educación Pública durante la Colonia.  

Una de sus preocupaciones fundamentales es, sin exagerar, la educación para la democracia; lo que se aprecia al leer su afirmación, en cuanto a que la “prosperidad pública” sólo será posible gracias a “magistrados sabios” y “ciudadanos ilustrados” que alejen de la sociedad “la hipocresía y la superstición” ; educación que la entiende en su carácter laico, y la funda en la igualdad de trato y no discriminación, tal y como se desprende de sus comentarios al respecto: “Pocos niños hay en Caracas que no se crean más nobles que todos los demás y no se precien de tener un abuelo Alférez, un tío Alcalde, un hermano Monje o un Sacerdote pariente (...)”.   

Sanz, más tarde, es consultado sobre el proyecto de gobierno provisorio que imagina para Venezuela Simón Bolívar en 1813, elaborado a su pedido por Francisco Javier Ustáriz. Y, al efecto, téngase presente que ese mismo año y antes, en reproche que hace al gobernador de la provincia de Barinas, Manuel Antonio Pulido, en evidente discrepancia con el pensamiento de los repúblicos de 1811, Bolívar expresa lo siguiente y con ello traza las primeras líneas concretas – no matizadas - de su pensamiento constitucional:

“Lamento ciertamente que en el oficio de V.S. de 27 de julio se reproduzcan las viciosas ideas políticas que entregaron a un débil enemigo una República incomparablemente más poderosa en proporción. Recorra V.S. la presente campaña y hallará que un sistema muy opuesto ha restablecido la libertad. Malograríamos todos los esfuerzos y sacrificios hechos si volviésemos a las embarazosas y complicadas formas de la administración que nos perdió. Vea V.S. cómo no son naciones poderosas y respetadas sino las que tienen un gobierno central y enérgico. La Francia y la Inglaterra disponen hoy del mundo, nada más que por la fuerza de su gobierno, porque un Jefe sin embarazos, sin dilaciones, puede hacer cooperar millones de hombres a la defensa pública. ¿Cómo pueden ahora pequeñas poblaciones, impotentes y pobres, aspirar a la soberanía y sostenerla? Me objetará V.S.: las soberanías de los Estados Unidos; pero primero estas soberanías no se establecieron sino a los doce años de la revolución, cuando terminada la guerra aquella Confederación estaba reconocida de sus propios opresores y enemigos; hasta entonces los mismos vencedores habían sido los jefes superiores del Estado, y a sus órdenes todo salía sin réplica: ejércitos, armas y tesoro. Segunda, que las provincias de los Estados Unidos, aunque soberanas, no lo son más que para la administración de la justicia y la política interior. La hacienda, la guerra, las relaciones exteriores de todas las soberanías, están enteramente bajo la autoridad del solo Presidente de los Estados. Ninguna provincia tampoco es soberana, sin una población y riqueza bastante para hacerla respetar por sí sola.”. 

Sanz responde de modo elocuente al pedido que se le hace. Adhiere a la citada concepción de la organización bolivariana del poder, pero justificándola en tanto y en cuanto es igual a la forma de dictadura constitucional que ejerce Miranda en plena crisis de la Primera República, por mandato del Congreso. La entiende, pues, como un estado de excepción transitorio – de origen romano – que tiene lugar para asegurar la misma libertad; lo que al paso hace inconveniente, lo dice Sanz, la división del territorio en corregimientos como lo propone Ustáriz:

“Sería, pues, contrariar la naturaleza de las cosas desviarse o apartarse de la ruta y senda, que ella nos ha ofrecido para que recuperemos y consolidemos nuestra Libertad e Independencia. Seguirla puntualmente, auxiliándola por nuestra parte cuanto nos sea posible, es lo que aconsejan la razón, la conveniencia y la justicia. El General Bolívar debe, por todas estas consideraciones, reunir en sí los poderes legislativos y ejecutivo y gobernar el Estado hasta concluir y perfeccionar la grande y gloriosa obra que ha comenzado, destronando a los tiranos, limpiando la tierra de enemigos y asegurando nuestro sistema por medio de la unión con la Nueva Granada”.

Incluso así, al profundizar en el asunto y proponer hacia octubre unas Bases para un gobierno provisional de Venezuela, en cuyo discurso preliminar, justamente, consta la mención que hace de Miranda – a quien señala de hombre “extraordinario” y advierte de torpeza imaginar siquiera su reposición al poder – Sanz precisa que superada la guerra cabe formar un gobierno representativo, originado en comicios, lejos del esquema bolivariano:   

“Más reflexionada la materia, opinaría yo que no es conveniente que el General Bolívar extienda la autoridad que le corresponde a todos los ramos de Administración. Esto seguramente le sería muy embarazoso y le distraería del principal y casi único objeto a que debe dirigirse, que es expeler a los enemigos interiores y exteriores de la Patria. En los asuntos de Estado, de Guerra y de Hacienda, debe tener omnímodas y absolutas facultades, porque no pudiendo hacerse la guerra sin noticias exactas y sin rentas, es preciso que intervenga y disponga arbitrariamente de todas, y que respecto de estos ramos sea Legislador y Ejecutor, sólo con dependencia del Congreso de Nueva Granada, hasta que pacificadas las Provincias, esparcidas y afianzadas las verdaderas ideas, extirpadas las falsas y los pueblos instruidos, nombren sus Representantes en concurrencias libres y legítimas, y éstos formen la Constitución permanente y estable de que partan leyes justas, equitativas y acomodadas a la naturaleza del país, carácter y clases de sus habitantes”. 

B) EL TEORIZADOR CATÓLICO 

De Roscio, nacido en 1763, cabe referir lo que afirma de él Grases y que no es de menor importancia, dada la raizal adhesión al cristianismo por los españoles – y criollos - de ambos continentes y como tal condicionante de sus valoraciones políticas: 

“[Se trata del] mayor teorizador de Hispanoamérica, quien dedicó principalmente su vida a desvanecer el último escrúpulo de sus conciudadanos. Tal fue la misión de Juan Germán Roscio, excelente jurista, profesor de cánones en la Universidad de Caracas, a quien debemos la continua prédica desde 1811 para apaciguar la preocupación de los cristianos que pudiesen temer que fuese pecado el ser republicano”. 

Agrega el maestro, al respecto, que:

“En numerosos escritos [Roscio] explica y desvanece la supuesta antinomia hasta dedicarle un libro de notable dimensión: El triunfo de la libertad sobre el despotismo (1817), en el que confiesa sus antiguos errores acerca del derecho divino de los monarcas, como pecador arrepentido. [Y] fundado en los mismos textos (particularmente la Biblia) con que se había edificado la caduca teoría del derecho divino de los reyes, construye la nueva doctrina”. 

Dos principios, claramente republicanos, extracta Grases en su estudio de los papeles de Roscio, en lo particular de su Homilia sobre del Cardenal Chiaramonti (1817):

“Muy lejos de ser repugnante al cristianismo la forma popular de gobierno, ella es la más conforme a la igualdad, libertad y fraternidad recomendadas en el Evangelio”.

“Son sin duda las virtudes cristianas el mejor apoyo de una República”. 

C) EL PRIMER HUMANISTA DE AMÉRICA

Bello, quien nace en 1781 y hace parte de la primera misión diplomática de Venezuela en Londres, junto a Simón Bolívar y Luis López Méndez, todos huéspedes de Miranda, sus contertulios y ávidos usuarios de su biblioteca, más tarde, hacia 1826, como redactor del Repertorio Americano hará constar su fe en la libertad de expresión como columna de la vida social y política; tanto como lo hiciesen los liberales en las Cortes españolas de 1812, al señalar, a propósito de aquélla, que: “amamos la libertad, escribimos en la tierra clásica de ella, y no nos sentimos dispuestos a adular al poder, ni a contemporizar con preocupaciones que consideramos perniciosas”. 

Predica el Primer Humanista, de suyo y en línea con el pensamiento constitucional liberal conservador, un gobierno moderado, hijo, sí, de la ilustración:

“que civilizado el pueblo americano por las letras y las ciencias, sienta el benéfico influjo de las bellas creaciones del entendimiento, y recorra a pasos gigantescos el vasto camino abierto al través de las edades por los pueblos que le han precedido; hasta que llegue la época dichosa, en que la América, a la sombra de gobiernos moderados, y de sabias instituciones sociales, rica, floreciente, libre, vuelva con usura a la Europa el caudal de luces que hoy le pide prestado, y, llenando sus altos destinos, reciba las bendiciones de la posteridad”.

D) EL PRECURSOR DE LA EMANCIPACIÓN

Miranda, autor intelectual de primer orden de la Emancipación americana, de sólida formación a través de lectura decantada, en especial de los clásicos y sus contemporáneos, quien la soporta sobre los primeros conocimientos adquiridos en la Universidad Caracas, endosa, para los fines de su acción revolucionaria, el libelo y las reflexiones de un sacerdote jesuita peruano quien fallece en 1798, Juan Pablo Viscardo y Guzmán Los papeles de éste los recibe de manos del ministro norteamericano Rufus King. Tanto que, se afirma, en concreto, que el documento que en 20 de marzo del mismo año envía el Precursor al ministro Pitt, titulado Vista Política de la América Española, lo forma sobre los papeles de Viscardo o acaso es una tesis de éste; circunstancia que es refutada por Merle E. Simmons. Pero lo incuestionable es que su proclama de Coro de 2 de agosto de 1806 llega acompañada con la Carta del mencionado sacerdote, que traduce al español, si bien la crítica contemporánea busca restarle significado. 

(1) Los proyectos constitucionales

Es cierto, como lo hace constar José Gil Fortoul, es que Miranda, cuando negociaba en Londres la emancipación, presenta al Ministro Pitt, en 1790, un proyecto de Constitución que considera el establecimiento en América o Colombia de un Poder Ejecutivo a imitación del británico – diluido con evocaciones indígenas - y que ha de ejercerlo un Emperador hereditario llamado Inca; de una Cámara alta de senadores o caciques vitalicios y de un Poder Judicial con altos magistrados igualmente vitalicios, nombrados éstos y aquéllos por el Inca; y de una Cámara de los Comunes integrada por diputados electos de duración quinquenal. 

En emulación de la experiencia de la antigua república romana, para atender las funciones de administración y dirección política establece una suerte de magistratura integrada, en primer lugar, por Censores, elegidos por el pueblo y con la autoridad para velar por las costumbres, en especial de los senadores, con potestad para expulsarlos de su seno; por Ediles de mandato quinquenal elegidos por el Senado y confirmados por el Inca, encargados de las obras y servicios públicos; y por Cuestores, nombrados por la Cámara de los Comunes y encargados de las finanzas. 

El orden jurídico, en esa suerte de simbiosis monárquico-republicana, siguiendo la experiencia inglesa, lo vendrían a integrar normas reglamentarias – no legales – de la propia Constitución, consideradas como emanación de la misma; ello, a objeto de que los tribunales puedan considerarlas nulas y no aplicables en lo inmediato, de advertirlas contrarias al orden constitucional y ejerciendo al efecto el control respectivo. Y la reforma de tal orden reclama de votos calificados y concurrentes entre dichas cámaras, los presidentes de los Altos Tribunales y el propio Inca.   

Lo relevante, más allá de lo anterior y del juicio de valor que concita al propio Grases – el producir Miranda proyectos “irrealizables” , “casi napoleónicos” en el criterio de Picón Salas - es que hacia marzo de 1798, el Generalísimo, llamado “príncipe de los proyectistas visionarios”, se anticipa en doce años a la fragua de los principios jurídicos que esgrimen para la Independencia los próceres venezolanos y que no son distintos, en esencia, de los que luego también sirven de molde a la Cortes gaditanas de 1812 para fundar la idea de la soberanía nacional: Hacia el 20 de marzo del primer año citado éste considera que la ruina del poder central de la monarquía extingue los vínculos de sujeción de las colonias españolas, las que al efecto deben de darse una nueva forma de gobierno.  

Pero, además, los testimonios escritos de Miranda indican – he aquí lo palmario para la definición de su pensamiento - sobre su frustración con la Revolución Francesa, pero aguas abajo, en su deriva dictatorial y jacobina; misma que le lleva a quejarse de la ingratitud del gobierno francés, que mal paga sus servicios, le viola sus derechos en Fructidor y le persigue a manos del Directorio. Tanto que, en sus instrucciones secretas a Pedro José Caro, de 6 de abril de 1798, encomendándole entregar correspondencia al Presidente norteamericano Adams y al Secretario Hamilton, Miranda condena a la susodicha revolución, en cuyo concepto su influencia es funesta para la tranquilidad y progreso de nuestras naciones.  

Todavía más, habla de la necesidad de personas prudentes e instruidas que lleven por buen camino a la revolución hispano americana y le “permitan formar un gobierno estable sobre bases diametralmente opuestas al sistema francés [jacobino] y a sus principios anárquicos y subversivos”, a la vez que eviten la pureza de los principios de dicha revolución como lo pretenden los girondinos. “De prolongarse un tiempo más el combate entre la libertad y sus opositores – agrega - bien podrían verme participar activamente… defendiéndola sin Bastillas, sin guillotina, sin saqueo y sin proscripciones”. 

El proyecto constitucional de 1790, tanto como el Acta de Paris de 22 de diciembre de 1797, suscrita entre Miranda y los diputados de la América meridional – “Instrucciones de los Comisarios, diputados de villas y provincias de las colonias hispanoamericanas” – no tienen otro propósito, cabe subrayarlo, que impetrar el auxilio de Inglaterra y de los Estados Unidos a favor de la empresa emancipadora americana para “salvar la libertad audazmente ultrajada por las máximas detestables de la revolución francesa”: Es, como lo señala Picón Salas, “el gran cebo que levanta Miranda a ver si pica el siempre astuto y evasivo ratón de mister Pitt”; “textos de persuasión política” los llama Grases. 

¿Cuál es, entonces, el ideario precursor venezolano, en lo particular el ideario propio de Miranda?, es la pregunta que se hace e intriga al mismo premier británico cuando interroga al ex gobernador Ponwall – quien media por Miranda y al que conoce en las Antillas hacia 1781 – “sobre los principios políticos del general y el sistema de gobierno que propone para la América española”.  

El Proyecto de Constitución Americana que sucesivamente elabora Miranda hacia 1798 – lo apunta Grases en su compilación del pensamiento político de la emancipación - y, de modo particular, al diseñar como partes del mismo el proyecto de Gobierno provisorio y el de Gobierno Federal, afinca el orden político a ser sostenido, una vez como cesen las autoridades españolas, sobre los Cabildos y Ayuntamientos y sus relegitimaciones por la vía electoral, tal y como lo propone Viscardo, según lo veremos; y en forma ascendente, la estructura orgánica constitucional esperada, fragua desde los cabildos, que formarán electivamente la Asamblea Provincial “encargada del gobierno general de toda la provincia hasta que se establezca el gobierno federal” y que, a la sazón, también procura la formación de su respectivo cuerpo legislativo, integrado por la misma mediante elección de representantes, con ejercicio limitado a 5 años, y quienes, por su parte, escogen a dos ciudadanos encargados del Poder Ejecutivo provincial con el nombre de Curacas.

Así formada la organización pública, por cabildos y asambleas provinciales, los cuerpos legislativos de cada provincia organizan, con representantes venidos de su seno y llamados Amautas, el Cuerpo Legislativo federal o Concilio Colombiano; cuya actividad legislativa, en lo relativo a reformas o cambios constitucionales para toda la federación, se soporta sobre una suerte de diálogo entre el Concilio y las Asambleas Provinciales, que logra sobreponerse a los vetos eventuales que oponga el Poder Ejecutivo. Éste, nombrado por el Concilio Colombiano, con mandato decenal y prohibición de reelección inmediata, salvo ocurrido el transcurso de un decenio, lo integran dos ciudadanos del Imperio colombiano, uno de los cuales ha de haber tenido experiencia de grandes cargos anteriores, y llamados, los dos, con el título de Incas. 

Tal forma de gobierno, suerte de monarquía constitucional electiva pero de corte federal, poco segura para los británicos que apoyan a Miranda: inspirada en la de los Estados Unidos, según lo entiende Picón Salas y compuesta, además, por funcionarios que, en categorías distintas vienen tomadas – al igual que en el proyecto que conoce Pitt - de la república romana, como cuestores, ediles y censores, queda sujeta al principio de la responsabilidad, a pesar de la inmunidad de la que gozan los Incas, según lo prescribe el proyecto mirandino. Allí se dispone, en efecto, que “los Incas serán responsables ante la nación de todos sus actos… [y] podrán ser, terminadas sus funciones públicas, acusados o juzgados ante la Alta Corte Nacional”. 

Si bien es cierto que el Poder Ejecutivo responde ante dicha Alta Corte, cuyos jueces éste los designa, no puede hacerlo sino dentro del conjunto de jueces nacionales, elegidos en comicios provinciales, que si acaso pueden ser rechazados por los Incas, cede el veto ante la imposición del Concilio colombiano; en una Justicia cuyos miembros son vitalicios y quienes pueden ser juzgados y removidos por prevaricación, pero sólo previa autorización del Concilio y juicio posterior ante la Alta Corte Federal.

Se trata, en suma, como bien lo anota Gil Fortoul, de un proyecto “que difiere en puntos esenciales del que propuso Miranda a Pitt en 1790”.

(2) La Carta a los españoles americanos

Viscardo (1748-1798), en sus dos escritos fundamentales: “Proyecto para independizar la América española” (1791) y la “Lettre aux Espagnols Americains. Par un de Leurs Compatriotes”(1799) que Miranda le publica post mortem, sin obviar su propósito final –como lo es la defensa de la legitimidad de las posesiones de la Compañía de Jesús en Paraguay confiscadas por la monarquía– esgrime inteligente su pensamiento en cuanto al necesario apoyo inglés a la Independencia americana. Y acuña que no es España sino los españoles quienes crean los establecimientos americanos. Se apoya el mismo, para decir lo que dice, en las antiguas “libertades” históricas que condenan desde antiguo sujetar al individuo y sus derechos inalienables a la ley arbitraria del Estado o del monarca; de donde, según lo entienden sus intérpretes, la mención de Viscardo a Montesquieu es un soporte adicional y no principal de sus argumentos.

A la luz de lo anterior, cabe precisar dos datos de especial relevancia, que indican o sugieren el encadenamiento o la identidad, sin solución de continuidad, entre el ideario constitucional de Picornell, al que sigue el de Viscardo y de suyo el de Miranda. 

Grases, sin planteárselo así, marca los pasos en su escrito sobre Miranda, al destacar la relación intelectual que traba con éste Manuel Cortés Campomanes, “principal colaborador de Mariano (sic) Picornell” en la conspiración de San Blas y su compañero de cárcel en La Guaira, instigadores de la conspiración de Gual y España de 1797. A la sazón, aquél introduce ante Miranda a José María Antepara, integrando todos, de conjunto, las tareas de redacción de El Colombiano: “Antepara fue el mayor colaborador de Miranda en esta empresa”, precisa Grases, y destaca, además, el documento escrito por Antepara que da cuenta del nacimiento de dicha publicación y del grupo de comprometidos: “Me convencieron absolutamente… soy ya del mismo modo de pensar”.

Sea lo que fuere, una vez como Miranda, durante su invasión a través de Coro, en 1806, presenta su Proclama a los Pueblos de Colombia como justificación política constituyente y de su acción revolucionaria, al fin justifica todo ello en “la Epístola adjunta de J. Viscardo de la Compañía de Jesús, dirigida a sus compatriotas”.

Añade Miranda:

“Hallarán en ella irrefragables pruebas, y sólidos argumentos en favor de nuestra causa, dictados por un varón-santo, y a tiempo de dejar el mundo, para parecer ante el Criador del Universo”. 

¿Qué narrativa, entonces, puede extraerse de la célebre Carta a los Españoles Americanos que hace propia nuestro Precursor y la asume dentro de su pensamiento constitucional?

 Luego de razonar, según lo ya avanzado, sobre la noción de la patria – como el suelo en el que se nace y a partir de allí, justificar los derechos propios y de quienes nos suceden, que parten del derecho habido, incluso, por los conquistadores de América – “a lo menos mejor que el tenían los antiguos godos de España, para apropiarse el fruto de su valor y de sus trabajos” – y, despues de señalar que “nada debemos, de quien no dependemos y del cual nada podemos esperar” para subsistir; a cuyo efecto mal puede considerarse una traición defender el suelo “donde somos nacidos y que nos suministra el alimento necesario para nosotros y nuestros hijos”; y advirtiendo que “nuestra veneración a los sentimientos afectuosos de nuestros padres por su primera patria es la prueba más decisiva de la preferencia que debemos a la nuestra”, pasa Viscardo a darle fundamento natural a la idea de la libertad y los derechos:

“Debérnoslo a nosotros mismos por la obligación indispensable de conservar los derechos naturales, recibidos de nuestro Creador, derechos preciosos que no somos dueños de enajenar, y que no pueden sernos quitados sin injusticia, bajo cualquier pretexto que sea; ¿el hombre puede renunciar a su razón o puede ésta serle arrancada por fuerza? La libertad personal no le pertenece menos esencialmente que la razón. El libre uso de estos mismos derechos, es la herencia inestimable que debemos dejar a nuestra posteridad. Sería una blasfemia el imaginar, que el supremo Bienhechor de los hombres haya permitido el descubrimiento del Nuevo Mundo, para que un corto número de pícaros imbéciles fuesen siempre dueños de desolarle, y de tener el placer atroz de despojar a millones de hombres, que no les han dado el menor motivo de queja, de los derechos esenciales recibidos de su mano divina”.

Destaca previamente, al efecto, la paradoja de que quienes nos oprimen y las demás naciones europeas, también luchan en la hora por la misma libertad que nos niegan:

“Esta [la verdad] nos enseña que toda ley que se opone al bien universal de aquellos para quienes está hecha, es un acto de tiranía, y que el exigir su observancia es forzar a la esclavitud; que una ley que se dirigiese a destruir directamente las bases de la prosperidad de un pueblo sería una monstruosidad superior a toda expresión; es evidente también que un pueblo a quien se despojase de la libertad personal y de la disposición de sus bienes, cuando todas las otras naciones, en iguales circunstancias, ponen su más grande interés en extenderla, se hallaría en un estado de esclavitud mayor que el que puede imponer un enemigo en la embriaguez de la victoria”.

Viscardo advierte, sin lugar a dudas, que tal entendimiento o prédica tiene sus raíces en la llamada Constitución primitiva – la hemos citado antes – de España, abandonada y negada posteriormente por los Borbones; y su negación, según él, se explica en el destierro que se nos impuso “de todo el mundo antiguo, separándonos de una sociedad [la española] a la cual estamos unidos con los lazos más estrechos; añadiendo a esta usurpación sin ejemplo de nuestra libertad personal, la otra igualmente importante de la propiedad de nuestros bienes”.

La reversión de tal estado de cosas pertenece, por ende, a la soberanía, que es popular, no sólo según la tradición liberal sino, sobre todo, por remisión a la Constitución española primitiva:

“Los intereses de nuestro país, no siendo sino los nuestros, su buena o mala administración recae necesariamente sobre nosotros, y es evidente que a nosotros solos pertenece el derecho de ejercerla, y que solos podemos llenar sus funciones, con ventaja recíproca de la patria, y de nosotros mismos”.

A lo que agrega:

“Después de la época memorable del poder arbitrario y de la injusticia de los últimos reyes godos, que trajeron la ruina de su imperio y de la nación española, nuestros antepasados, cuando restablecieron el reino y su gobierno, pensaron en premunirse contra el poder absoluto a que siempre han aspirado nuestros reyes. Con este designio concentraron la supremacía de la justicia y los poderes legislativos de la paz, de la guerra, de los subsidios y de las monedas, en las Cortes que representaban la nación en sus diferentes clases y debían ser los depositarios y los guardianes de los derechos del pueblo. A este dique tan sólido los aragoneses añadieron el célebre magistrado llamado el Justicia, para velar en la protección del pueblo contra toda violencia y opresión, como también para reprimir el poder abusivo de los reyes”.

De consiguiente, en la misma perspectiva de Picornell, salvando las distancias y diferentes narrativas, Viscardo sitúa los derechos del hombre como fundamento de la sociedad y justificación de la organización pública, sea cual fuere la forma que adopte:

“La conservación de los derechos naturales y, sobre todo, de la libertad y seguridad de las personas y haciendas, es incontestablemente la piedra fundamental de toda sociedad humana, de cualquier manera que esté combinada. Es pues una obligación indispensable de toda sociedad, o del gobierno que la representa, no solamente respetar sino aun proteger eficazmente los derechos de cada individuo”.

En igual orden, la organización pública y del poder queda soportada sobre la idea del Estado de Derecho, en lo particular por la seguridad jurídica, que impone el ejercicio del mismo poder dentro de los límites de la legalidad y su responsabilidad. El razonamiento es claro, si bien lo discierne a partir del hecho de la expulsión que sufren los jesuitas por orden de la Corona:

“El gobierno ha violado solemnemente la seguridad pública, y hasta que no haya dado cuenta a toda la nación de los motivos que le hicieron obrar tan despóticamente, no hay particular alguno que en lugar de la protección que le es debida no tenga que temer opresión semejante, tanto cuanto su flaqueza individual le expone más fácilmente que a un cuerpo numeroso que en muchos respetos interesaba la nación entera. Un temor tan serio, y tan bien fundado, excluye naturalmente toda idea de seguridad. El gobierno culpable de haberla destruido en toda la nación, ha convertido en instrumentos de opresión y de ruina los medios que se le han confiado para proteger y conservar los individuos. Si el gobierno se cree obligado a hacer renacer la seguridad pública y confianza de la nación en la rectitud de su administración, debe manifestar, en la forma jurídica más clara, la justicia de su cruel procedimiento respecto de los cinco mil individuos de que se acaba de hablar. Y en el intervalo está obligado a confesar el crimen que ha cometido contra la nación, violando un deber indispensable y ejerciendo una implacable tiranía. Mas si el gobierno se cree superior a estos deberes para con la nación, ¿qué diferencia hace pues entre ella y una manada de animales, que un simple capricho del propietario puede despojar, enajenar y sacrificarla?”

De modo que, separándose el monarca o gobernante de su servicio al bien común, el propio pueblo, en ejercicio de su soberanía y, lógicamente, a través de elección puede sustituirle, conforme a la remisión que hace Viscardo a la enseñanza aragonesa:

“Era pues un artículo fundamental de la Constitución de Aragón que si el rey violaba los derechos y privilegios del pueblo, el pueblo podía legítimamente extrañarlo, y en su lugar nombrar otro, aunque fuese de la religión pagana”.

Sin que expresamente lo afirme Viscardo, queda en su entendimiento de la cuestión la prédica que exige, para la organización del poder, además, su conveniente división, a fin de argüir sobre la razón u origen del despotismo borbónico:

“La reunión de los reinos de Castilla y de Aragón, como también los grandes Estados que al mismo tiempo tocaron por herencia a los reyes de España, y los tesoros de las Indias, dieron a la corona una preponderancia imprevista y tan fuerte, que en muy poco tiempo trastornó todos los obstáculos que la prudencia de nuestros abuelos había opuesto para asegurar la libertad de su descendencia. La autoridad real, semejante al mar cuando sale de sus márgenes, inundé toda la monarquía, y la voluntad del rey y de sus ministros se hizo la ley universal. Una vez establecido el poder despótico tan sólidamente, la sombra misma de las antiguas Cortes no existió más, no quedando otra salvaguardia a los derechos naturales, civiles y religiosos de los españoles que la arbitrariedad de los ministros o las antiguas formalidades de justicia llamadas vías jurídicas. Estas últimas se han opuesto algunas veces a la opresión de la inocencia, sin estorbar por eso el que se verificase el proverbio de que allá van leyes donde quieren reyes”.

No por azar, Viscardo apela a los textos de Montesquieu, de cuya fuente bebe, sobre todo para destacar lo paradójico, a saber, que América había ganado en institucionalidad lo que pierde la metrópoli; de donde, su libertad y el rescate de sus derechos, asegurados sobre la base inicial de su organización histórica primitiva – la de los Cabildos y sus comicios – igualmente servirá a la causa de los españoles liberales y les ofrecerá un refugio propicio:

“A pesar de los esfuerzos multiplicados de una falsa e inicua política nuestros establecimientos han adquirido tal consistencia que Montesquieu, aquel genio sublime ha dicho: "Las Indias y la España son potencias bajo un mismo dueño; mas las Indias son el principal y la España el accesorio. En vano la política procura atraer el principal al accesorio; las Indias atraen continuamente la España a ellas".  

En síntesis cabe decir que los principios ordenadores constitucionales en Viscardo, que endosa Miranda e incorpora en sus proyectos de 1798 e incluso en el de 1801, réplica del proyecto anterior de gobierno provisorio hecho para la transición revolucionaria y antes de que se forme el gobierno federal, implican, en primer término, el reconocimiento del carácter natural de los derechos del hombre y como basamento de la sociedad política, y a renglón seguido, la asociación entre la idea de la soberanía y el ejercicio de las libertades como fundamento y límites del ejercicio del poder público, siempre sujeto a revocatoria y elección, y apalancada aquella, la asociación sobre un orden representativo – dada la remisión que hace a los fueros aragoneses – y parlamentario:

“Una vez establecido el poder despótico tan sólidamente, la sombra misma de las antiguas Cortes no existió más, no quedando otra salvaguardia a los derechos naturales, civiles y religiosos de los españoles que la arbitrariedad de los ministros o las antiguas formalidades de justicia llamadas vías jurídicas”.

El discurso de Viscardo, en su cierre, evoca el contexto internacional favorable y es a la vez una interpelación a la conciencia de los americanos españoles, cuya negligencia denuncia:

“El valor con que las colonias inglesas de la América, han combatido por la libertad, de que ahora gozan gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia. Nosotros les hemos cedido la palma, con que han coronado, las primeras, al Nuevo Mundo de una soberanía independiente. Agregad el empeño de las Cortes de España y Francia en sostener la causa de los ingleses americanos. Aquel valor acusa nuestra insensibilidad. Que sea ahora el estímulo de nuestro honor, provocado con ultrajes que han durado trescientos años”.

Llama la atención, y es cuanto importa relevar y repetir en esta exposición, la identidad entre el pensamiento esbozado por Vicardo y Miranda, en sus elementos principistas, más allá de la fórmula federal que este propugna y que a la sazón no niega, en su proyecto, la variada inspiración que le ofrecen otras experiencias, como la relativa a los juicios por jurado que éste propone y demanda sean conformes con “lo estatuido en Inglaterra y en los Estados Unidos de América”.     

Hago cuenta, más allá de los principios electorales y representativos, fundados en la idea de la soberanía de la nación y de mandatos sujetos a la ley, alternativos y responsables, en dos aspectos que los hacen coincidir obligadamente – por la misma adhesión expresa de Miranda al manifiesto del primero – y revelan la sustancia de sus pensamientos constitucionales: a) Reenviar a la idea de la soberanía y de los fueros inscritos en la Constitución primitiva española; b) Son liberales reformistas; y c) de suyo, proponen un cambio político y constitucional que implique salvaguardar la organización pública primaria e histórica, la municipal, sobre la que se sobrepone el absolutismo monárquico.

Antepara, héroe ecuatoriano, colaborador de Miranda, quien de concierto a éste publica documentos de su archivo – South American Emancipation: Documents, Historical and Explanatory, shewing the Designs wich have been in Progress, and the Exercions made by General Miranda - en modo de informar sobre su pensamiento político y acerca del esfuerzo que realiza para la emancipación americana, aquél los introduce con la amplia exégesis que, comenzando con el discurso de Viscardo, hace James Mill para la revista británica Edinburgh Review en enero de 1809 y que dicho escritor realiza, asimismo, en consulta con el Precursor.

En los párrafos pertinentes, Mil observa lo siguiente:

“En el momento en que cese la autoridad española en América del sur… ¿qué elementos de organización y gobierno quedan aún en el país, a los cuales se podría oportunamente recurrir para prevenir el desorden, y sobre los cuales podría construirse, con casi ningún riesgo de confusión, una superestructura de gobierno y Libertad?... Los Cabildos, por ejemplo, o lo que quizás debiéramos llamar las corporaciones municipales, permiten una organización tan completa que los mismos reyes de España les han confiado, en ocasiones, todo el gobierno de provincias enteras. Los cabildos de la España fueron constituidos más o menos en la misma época y con los mismos propósitos para los cuales instituciones semejantes se constituían a todo lo largo y ancho de la Europa bajo el nombre de corporations o communautés en Francia, burgs en Holanda, etc. En ningún país, sin embargo, fue la constitución de esas municipalidades más libre que en España; y en ningún otro país parecen haber adquirido una influencia tan grande sobre el gobierno general”.

Una reflexión de fondo si hace Mill y podemos verla como propia de Miranda, obra de su preocupación a la vez que justificativa de sus proyectos constitucionales:

“Es evidente… que en un país de extensión tan vasta como América del Sur [a diferencia de Holanda, que posee 7 municipalidades], y tomando en cuenta sus grandes divisiones, esto es impracticable [la confederación de municipios para integrar una nación]. Sólo el sistema representativo, puede, en circunstancias como éstas, permitir alguna vez un buen gobierno. Así pues, en lo que respecta a la América del sur, el problema es cómo puede ser insertado el sistema representativo en el de los cabildos, y en el sistema de organización que ya está enraizado en el país”.

¿Qué principio se esgrime, entonces?:

“Hay un peligro en el caso de hacer demasiado amplia la base de la representación. Hay otro riesgo en hacerla muy estrecha. Si se la hace muy amplia, uno incurre en las inconveniencias de las ignorantes y precipitadas pasiones de los poco educados. Si se la hace muy estrecha, uno incurre en algo que es todavía peor: los males del soborno y la corrupción… La dificultad, no obstante, podría superarse estableciendo asambleas provinciales, para la elección de cuyos miembros podrían votar casi todos los habitantes, mientras que la grande legislatura nacional sería elegida sólo por los miembros de los cabildos”.     

 Y en cuanto al nombramiento del primer magistrado, la enseñanza, consistente con el pensamiento mirandino es clara:

“llámese rey, cónsul, inca, o cualquier nombre que prefiera el gusto público, [es a él] a quien le serían confiados aquellos asuntos que requiriesen decisión inmediata, y que una asamblea numerosa no podría llevar a cabo”.

Sea en Picornell, en Viscardo, o en Miranda, en fin, consta en la misma nota que éste dirige a los holandeses en calidad de Teniente General y comandante de las tropas francesas en Maestricht, explicándoles, en 1793, la razón de su acción militar y que es, justamente, “restablecer la soberanía nacional y los derechos sagrados e imprescriptibles del pueblo”; misma que reafirma en 1794 al dirigirse a la Convención Nacional quejándose de su detención: “¿Va a tolerar que los derechos imprescriptibles del hombre y de la humanidad, así como los derechos de las gentes, sean violados en nombre del pueblo francés?”. O la que, en 1795, esboza ante el Consejo de los Quinientos, en Francia, en protesta contra el jacobinismo: “el establecimiento de la tiranía siempre comienza por los ataques contra la libertad individual y aquí no importa quién sea el culpable, pero lo cierto es que mis derechos y el acta constitucional han sido violados”.

No es otro, en efecto, el objeto liberal que esgrime en su proclama citada de Coro, a la que anexa el discurso de Viscardo: “La recuperación de nuestros derechos como ciudadanos y de nuestra gloria nacional como americanos colombianos serán acaso los menores beneficios que recojamos de esta tan justa como necesaria determinación”. O la que, finalmente, dirige al marqués del Toro y al Cabildo de Caracas, en 1808, imponiéndoles de la necesidad de avanzar hacia la emancipación y previéndoles sobre las dificultades que acusan los españoles de la metrópoli en su lucha por la libertad y por defecto de una adecuada organización representativa [las juntas provinciales no fueron elegidas por sus ciudadanos]; en error que también logra advertir entre los franceses, a pesar de ser, según el propio Miranda, más prácticos y sabios. De donde, le envía su bosquejo – asumimos que se trata de sus citados proyectos constitucionales de 1798 y el de 1801, que escribe en Londres – “de organización representativa y de gobiernos para nuestra América, … formado aquí hace algunos años, y ha merecido la aprobación de varones doctos en la materia, que lo han examinado después, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos de América”.

No pierde ocasión Miranda, en este orden, de expresar ante los munícipes de Caracas, su solidaridad intelectual con quienes, como lo hemos expresado y sin menospreciar matices, mantiene identidad constitucional sin solución de continuidad: 

“¿Qué diremos, pues, de esa provincia [Venezuela] bajo el yugo de Guevara Vasconcelos, a quien persuadieron sus cooperadores de que unos ciudadanos como Gual, España y otros, por querer reclamar para su patria los derechos y las reformas que todo el pueblo español reclama hoy día con aplauso general, merecían una muerte indigna?”.

Lo que es más importante, les recuerda que la separación ideológica constitucional no existe con la metrópolis, sino con el despotismo que hace presa, por igual, de todos los españoles, los de allá y los de acá:

“Procuremos reparar nuestros males trabajando unánimes y con empeño en el particular, siguiendo el buen ejemplo que hoy nos da el pueblo español; y ya que por tanto tiempo le hemos servilmente copiado en sus vicios, imitémoslo ahora con complacencia en sus virtudes, reformando nuestro gobierno americano, y reclamando con dignidad y juicio nuestros derechos e independencia, puntos en mi concepto indispensables y sine qua non”.  

A manera de epílogo

Grases, en revisión sucinta de los indicados antecedentes de nuestro primer pensamiento constitucional, el de los Padres Fundadores, hace precisiones de inestimable valor, aun cuando en modo alguno apunten hacia la probable identidad intelectual entre los distintos actores de ese tiempo previo a nuestra Emancipación; que no sea, obviamente, la de todos a uno, alcanzarla como objetivo primordial.

Sobre el discurso de Picornell advierte que, sin el mismo, los derechos del hombre y del ciudadano que introduce, y es “aclaración de causas y motivos, caerían [tales derechos] en terreno impreparado, serían ineficaces”.

Sobre los proyectos de Miranda, que los aprecia en su finalidad persuasiva ante la Corte inglesa y para alcanzar el apoyo a su acción emancipadora de América, sin ir más allá, los tilda de poco prácticos, incluso fantasiosos, pero “conformado en cierto modo a las doctrinas derivadas del enciclopedismo de la época”. No obstante, visionario y Precursor como lo ve, opina que su gesto simbólico, como la frustrada invasión de Coro, “ha adquirido enorme significación en la evolución de Hispanoamérica hacia su libertad”, tanto como su manifiesto a propósito de ésta, lo nutre “con ideas expresadas en su segundo proyecto de bases constitucionales, aunque adaptadas a las circunstancias de una acción expedicionaria”.

Al término, recoge la importancia del trabajo de Picornell antes explicitado, ya que sus papeles – los de la Conspiración de Gual y España – sí “tuvieron enorme repercusión posterior en la organización de la Independencia” de Venezuela. Según Grases, en efecto, aquellos son estimados entonces, llegada la hora crucial, como el “precedente histórico inmediato, como el antecedente heroico de la liberación del país”; sin que por ello pueda afirmarse, como lo creemos y a la luz de lo antes expuesto, sean el único antecedente intelectual de relevancia en el plano de las ideas y en la sincronía de unas y de otras en su progresividad histórica. 

La Constitución Federal para los Estados de Venezuela – nuestro texto inaugural - hecha por los representantes de Margarita, de Mérida, de Cumaná, de Barinas, de Barcelona, de Trujillo y de Caracas, reunidos éstos en Congreso General y otorgada aquélla el 21 de diciembre de 1811, sin mengua de su ideario federal inspirado en la Constitución norteamericana – que en cierta forma refleja el texto mirandino de 1798 y a pesar de que el Precursor se reserva la firma de aquélla - revela en sus aspectos medulares “la ortodoxia revolucionaria francesa, condicionada por el control del poder político por la burguesía, el igualitarismo civil, la supremacía de la ley, la separación de los poderes, y la noción de soberanía”, como lo advierte Allan R. Brewer Carías . 

Pero cabe decir, a modo de colofón, que los patriotas venezolanos propulsores de la emancipación, de conjunto, salvo excepciones, acusan terror a la anarquía y así como auscultan en las leyes primitivas españolas para afirmar la esperanza de libertad que los anima, en otro orden apuestan por la moderación, y en este aspecto el ideario constitucional de Miranda es aleccionador. “Ni bajo el pretexto de la libertad, [quiero] ver introducidas allá [en el Continente sur-americano] la anarquía y la confusión”, escribe el 10 de enero de 1808. “La revolución de Caracas hará época en los fastos de todas las del mundo por la moderación y la filantropía”, reza a su vez el Manifiesto que suscriben a nombre de la Junta de Caracas, en 1810, José de las Llamozas y Martín Tovar Ponte. Las luces, sin embargo, en poco tiempo y por un largo tiempo, serán sustituidas en Venezuela por las espadas.

 

Pompano, Florida, 29 de octubre de 2016.